Hace casi dos años que la pandemia provocada por el COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. Hoy en día, son numerosas las consecuencias económicas y sociales que siguen afectando a nuestra sociedad con motivo de la pandemia.
El encarecimiento de los alimentos y la energía, la inflación disparada, así como las roturas de suministro de algunos productos de primera necesidad están dificultando más que nunca el poder volver a la vida como la conocíamos antes.

Por ello, asociaciones como Cáritas y Cruz Roja están siendo cada vez más decisivas para que parte de nuestra población sobreviva día a día. Según el informe de la Fundación Foessa “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo”, tres de cada diez hogares españoles no tienen los ingresos necesarios para vivir dignamente en unas condiciones como las actuales. Otra cifra alarmante es que, en España, seis millones de familias viven con menos del 85% del presupuesto total de una cesta de la compra básica, que varía según la localidad.
Según este informe en España, la gran mayoría de hogares en situación de vulnerabilidad primero recorta el gasto en la compra de ropa y calzado. Después se recortan los planes de ocio y lucrativos llegando por último a disminuir el gasto de la cesta de la compra en materia de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad. En España, un 46,5% de familias ya lo hacen.

Por todo esto y por el momento en el que nos encontramos entrando en la temida “cuesta de enero” no es difícil de imaginar que el porcentaje de familias que van a haber visto empeorada su situación económica no va a dejar de crecer exponencialmente a no ser que desde las Instituciones se tomen medidas drásticas para evitar que este tipo de hogares tenga que recurrir a vías como pedir ayuda o recursos extras, acudir a ahorros propios, renunciar o reducir drásticamente determinados gastos y/o necesidades básicas.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho humano a un nivel de vida adecuado implica garantizar la accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, disponibilidad, idoneidad y calidad en cada uno de los ámbitos. Sen (1987 y 1993) en su enfoque de “capacidad” subraya que la pobreza no es solo falta de ingresos o recursos, sino, fundamentalmente (o de manera “absoluta”), ausencia de capacidad: las personas pobres son aquellas que no tienen esta supuesta libertad de elección y no pueden llevar a cabo su proyecto de vida.
A lo largo de este informe se confirma la no garantía de los componentes básicos del derecho a una vida adecuada en nuestro país. Además, las estrategias de afrontamiento que adoptan las personas y familias en situación de vulnerabilidad suponen un retroceso aún mayor. No poder comprar alimentos ni pagar medicamentos, tener que abandonar la educación no obligatoria, tener que aceptar empleos sin contrato o compartir la vivienda con personas sin parentesco, por poner solo algunos ejemplos de las situaciones analizadas en este informe, reflejan hasta qué punto este derecho se encuentra vulnerado.
Por tanto, es hoy cada vez más vital que desde todas las Instituciones públicas como privadas tomemos conciencia de esta realidad y se trabaje de manera unida por intentar mejorar la situación en la que se encuentran las personas más vulnerables de nuestro país.
“El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo”. Fundación Foessa.